Tarde, pero ¿seguro?

Por fin fueron puestas en libertad las dos indígenas que faltaban, acusadas de secuestrar a seis AFI’s en Santiago Mexquititlán

Luego de casi cuatro años de prisión y muchas presiones por parte de Organizaciones No Gubernamentales y la sociedad civil, el pasado 2 de mayo finalmente fueron puestas en libertad las indígenas otomíes Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio, quienes eran acusadas –junto con Jacinta Francisco Marcial– por la PGR de haber secuestrado a seis agentes de la extinta Agencia Federal de Investigaciones (AFI), en Santiago Mexquititlán, municipio de Amealco, Querétaro, en marzo de 2006.

“Crónica de una injusticia anunciada”

En aquella ocasión, los AFI’s, vestidos de civiles, empezaron a incautar mercancía “pirata” que se vendía en el tianguis del pueblo. El hecho enojó a los vendedores afectados, máxime cuando los hombres que perpetraban la acción no mostraban sus acreditaciones ni las órdenes para avalar ese proceder.

Como la tensión crecía, el jefe regional de la AFI y el agente del Ministerio Público de la Federación en San Juan del Río, Querétaro, acudieron al pueblo para dialogar con la gente afectada y ofrecieron pagar en efectivo los daños causados por los elementos policiacos, pero argumentaron que debían trasladarse a San Juan para conseguir el pago; así que ordenaron a uno de los agentes que permaneciera en el pueblo como garante de que regresarían. El agente, según testimonios, durante el tiempo que se quedó en el pueblo estuvo comunicado y jamás fue violentado en su integridad física.

El incidente terminó cuando, el mismo día, aproximadamente a las siete de la tarde, todos los elementos de la Procuraduría General de la República (PGR) que habían participado en los hechos dejaron la comunidad, después de acordar con los comerciantes la entrega de una cantidad por los daños causados.

Sin embargo, cinco meses después Jacinta, Teresa y Alberta fueron detenidas, sin más pruebas que una fotografía aparecida en un diario local. El 19 de diciembre de 2008, después de 28 meses de proceso, recluidas en el penal de San José El Alto en Querétaro, las mujeres fueron sentenciadas a 21 años de prisión.

El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh), de los jesuitas mexicanos, asumió la defensa de las indígenas y calificó el caso como “una aberrante injusticia” puesto que el proceso persistía en graves desigualdades del sistema de justicia, como la falta de acceso a un traductor y la negación de su derecho a la presunción de inocencia, “los cuales tienen efectos de mayor intensidad en las mujeres indígenas debido a la triple discriminación de que son objeto: por ser indígenas, mujeres y pobres”.

Jacinta fue puesta en libertad el 3 de septiembre de 2009 pero sus dos compañeras siguieron presas hasta este 2 de mayo pasado, luego de la intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Justicia “a la mexicana”

Gracias a Dios, la Corte fue capaz de ver lo que los jueces queretanos encargados del caso no pudieron o no quisieron: “que la acusación de la Procuraduría General de la República era absurda y no se sostenía con la evidencia que aportaba, y mucho menos con los testimonios de los presuntos afectados por el secuestro, pues la mayoría de los elementos han sido dados de baja del servicio”.

Este caso se volvió paradigmático e hizo voltear la mirada, una vez más, al sistema de justicia en México. Puso en evidencia sus numerosas deficiencias: los delitos que más agravian a la sociedad no son perseguidos y, en un número significativo de casos, son personas inocentes sin medios para pagar una defensa adecuada quienes van a prisión por delitos que no afectan bienes sociales primordiales.

Tal situación se agrava aún más en el caso de quienes por su identidad son discriminados socialmente, discriminación que es reproducida por el sistema de justicia; así ocurre con las mujeres, con quienes viven en condiciones de marginalidad y, sobre todo, con los hombres y las mujeres indígenas.

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