Continúan secuestros y abusos a migrantes indocumentados en su paso por México, denuncia la Pastoral de la Movilidad Humana

“Es una pena que las autoridades, de seguridad y migratorias, no atiendan debidamente el problema de los secuestros de migrantes, particularmente los provenientes de países centroamericanos, actos que son cada vez más violentos y frecuentes”, señaló Leticia Gutiérrez Valderrama, secretaria ejecutiva de la Dimensión Pastoral de la Movilidad Humana (DPMH) de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM).

En su participación en el seminario internacional “Retos de la seguridad y migración en la frontera sur”, organizado por el Colegio de la Frontera Norte (COLEF), el 29 de junio pasado, la religiosa scalabriniana, señaló que “las autoridades de los estados donde ocurren dichos plagios no dan prioridad al asunto, lo que es un verdadero acto de barbarie, pues éstos son torturados física y sicológicamente para obtener información de sus familias con el fin de extorsionarlas”.

La hermana Gutiérrez Valderrama relató que uno de los ataques más frecuentes que sufren durante su travesía por territorio mexicano, no sólo las mujeres y los menores que viajan solos,  sino también varones, son los abusos sexuales; sin embargo, estos delitos no son denunciados ante las autoridades del Ministerio Público, porque saben, por experiencia probada, que la respuesta ordinaria suele ser la deportación y se ignora “que por haber sido víctimas de un delito tienen derecho a una visa humanitaria”.

La Pastoral de la Movilidad Humana ha venido insistiendo en que es necesaria una adecuación de la política migratoria para atender a las víctimas de estos delitos. “Es lamentable que ni siquiera se les dé atención sicológica, que no sabemos si es por omisión o complicidad”.

Desde febrero de este año la DPMH, acompañada de otras instituciones de servicio al migrante, están haciendo presión al Instituto Nacional de Migración y a la Procuraduría General de la República para que presten atención a las migrantes indocumentados víctimas de la delincuencia organizada, como las redes de trata de personas.

Leticia Gutiérrez indicó que también elementos de la Secretaría de Seguridad Pública federal, amparados por dos  artículos de la Ley General de Población, victimizan a los migrantes, y justifican sus atropellos, disfrazando sus acciones para robarlos; además de que realizan con violencia los operativos migratorios”.

Por último, la Misionera de San Carlos denunció que en México se sigue “criminalizando el trabajo humanitario, pues si bien el artículo 138 define el delito de tráfico de personas, no diferencia la labor humanitaria, pese a que el objetivo del tráfico es el lucro y el del trabajo humanitario es el acompañamiento; es gratuito y obviamente no hay delito, pero nos acusan de traficantes de personas”.

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