Faltan políticas más humanas en materia de migración en México

Humanidad sin Fronteras es el nombre jurídico de la Casa del Migrante de Saltillo, que surge en el año 2002 cuando guardias de la seguridad privada del tren asesinaron a pedradas a dos migrantes adolescentes cerca de Saltillo y, tiempo después, un soldado también asesinó a otro migrante que venía en el tren.

A partir de estos hechos, dos religiosas y el padre Pedro Pantoja se dieron cuenta de que era necesario constituir un espacio a partir del cual se promovieran y protegieran los derechos humanos de las personas migrantes en tránsito por México.

Desde el comienzo, se pensó en que la Casa del Migrante trabajaría defendiendo los derechos humanos, brindando apoyo humanitario urgente, pero también creando un registro sistematizado de las violaciones a los derechos humanos de las personas migrantes y su denuncia pública, así como el seguimiento de casos específicos y representativos.

Conversamos con Sandra Albicker miembro de Humanidad sin Fronteras sobre la situación de los migrantes, en su mayoría centroamericanos, que transitan por México para llegar a los Estados Unidos.

Con insistencia Humanidad sin fronteras ha denunciado los secuestros de migrantes en su paso por México, ¿cómo está la situación hoy por hoy?

El secuestro es desde hace más de dos años el delito más cruel que sufren los migrantes que transitan por México. El grupo delincuente conocido como los “Zetas” se ha adueñado de la ruta del migrante y de los pueblos en los que el ferrocarril realiza paradas. Los delincuentes se apoyan en la corrupción de los policías municipales, estatales y federales e, incluso, de los agentes del Instituto Nacional de Migración (INM). Es común ver que a plena luz del día, en municipios como Tenosique, Tabasco, Coatzacoalcos o Tierra Blanca, Veracruz, grupos armados intercepten a grandes cantidades de migrantes (entre 50 y 100), y los trasladen hasta “casas de seguridad”, donde permanecen privados de su libertad hasta que su familia en Estados Unidos o en Centroamérica pague por su rescate una cantidad promedio de tres mil dólares.

Dentro de esas casas sufren toda clase de tratos crueles, inhumanos y degradantes. Además de ser extorsionados, los golpean; las mujeres sufren violaciones multitudinarias; son amenazados constantemente con que los van a matar y, de hecho, algunos sí son asesinados. La violencia psicológica que sufren es terrible y no sólo los afecta a ellos, sino también a sus familiares que experimentan el terror de un ser querido secuestrado.

¿Cómo ha reaccionado el Instituto Nacional de Migración ante estos hechos?

A pesar de la denuncia pública constante, del Informe que la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos presentó en mayo del 2009 en el que constaba una cifra de casi diez mil personas víctimas de secuestro en seis meses, este fenómeno no ha sido controlado.

De esta “tragedia humanitaria” nosotros responsabilizamos al gobierno federal y al INM, que sirviendo a políticas de seguridad nacional y no de seguridad humana, continúan ejerciendo políticas de contención de flujos, en lugar de darles a las personas migrantes el reconocimiento que necesitan para poder ejercer su derecho al libre tránsito. Las personas migrantes son los sujetos perfectos para ser víctimas de todo tipo de delitos.

Por otra parte, la corrupción y la impunidad son tan grandes que es imposible que las personas migrantes quieran denunciar cuando han visto que sus propios victimarios forman parte de los cuerpos públicos de seguridad. Asimismo, aquellas personas que han denunciado no han contado con ningún sustento por parte del Gobierno, con ninguna capacidad para reparar el daño, por lo que, ante el evidente hecho de que las autoridades no cumplen con el derecho de las víctimas al acceso a la justicia, las personas migrantes terminan desistiendo y regresando a sus países.

¿Ha disminuido el flujo de migrantes debido a los secuestros?

Ha venido descendiendo paulatinamente en la medida en que los secuestros aumentan. Esto no quiere decir que las personas migrantes han dejado de salir de Centroamérica. Algunos saben antes de salir de su país los riesgos que sufrirán, pero la falta de oportunidades es tan grande en el origen que no tienen otra opción.
En el 2008 se derogaron algunos artículos de la Ley General de Población, por lo que la migración indocumentada ya no es un delito, sino una falta administrativa; así, entrar al país sin documentos no merece prisión, sino sólo una multa…

En teoría esta reforma dejó de criminalizar el acto de migrar; sin embargo, en la práctica aún falta mucho por sensibilizar a las comunidades de tránsito y a las autoridades para que entiendan las raíces que originan la expulsión de la población de sus países de origen y la necesidad de cruzar por un territorio que no les pertenece.

¿Cómo puede asegurarse el respeto de los derechos humanos de los transmigrantes?

La única forma de evitar la violación sistemática de los derechos humanos de los migrantes es contando con un Estado mexicano abierto a las necesidades de las personas y a los instrumentos internacionales que en materia de derechos humanos ha firmado y ratificado, para conformar una política de reconocimiento de las personas extranjeras en el país. En tanto que las condiciones del origen no mejoren, las personas centroamericanas continuarán cruzando por México, la obligación de nuestro país es, entonces, dignificar esta migración, dejar de devolver a Centroamérica a una población masacrada.
La población nacional, esa que los ve subir o bajar de un tren, que los ve por las calles de sus pueblos pidiendo un pan ¿cómo reacciona ante la presencia de los migrantes?

Las personas migrantes en su mayoría cruzan por pueblos muy pobres, en donde la gente sencilla y humilde se ha organizado para alimentarlos y cuidarlos cuando es necesario. Esto sucede, por ejemplo, en La Patrona, Veracruz, donde mujeres valientes les avientan agua y comida cuando los migrantes viajan en los trenes.

De la misma forma sucede en varios otros lugares, como por ejemplo, en El Ahorcado, población rural de Querétaro, donde Doña Conchi les da de comer a aquellos que bajan del tren. De hecho, ella estuvo encarcelada alrededor de dos años por ejercer su derecho a brindar ayuda humanitaria, acusada falsamente de tráfico de personas.

Sin embargo, hay poblaciones que aún no aceptan a las personas migrantes y presentan conductas discriminatorias, que, sobre todo, se concretan en pedradas y agresiones verbales. En las poblaciones en las que son secuestrados, la gente calla porque tiene mucho miedo, de tal forma que se acostumbra a ver que se lleven a las personas migrantes sin la posibilidad de hacer nada, pues están en peligro de muerte constante.

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