¿Quién defiende a los defensores de derechos humanos de los migrantes?

 Desde la frontera sur hasta la frontera norte del país, por las principales rutas que siguen las personas migrantes para llegar a los Estados Unidos, funcionan más de 50 Casas del Migrante, administradas en su mayoría por la Iglesia católica –por parroquias, decanatos, diócesis o institutos religiosos–, donde reciben un lugar para descansar, alimentarse y llenarse de esperanza.

En su gran mayoría, las personas migrantes reconocen que en México se sufre mucho por la delincuencia organizada y el comportamiento de los policías, que buscan siempre cualquier oportunidad para aprovecharse. Sin embargo, sienten un profundo agradecimiento por todas aquellas personas que de buena voluntad los han apoyado en su camino, brindándoles comida, agua, un techo para dormir o simplemente platicando con ellos.

Además de este servicio primario de atención a las necesidades de estas personas en tránsito, muchas de las Casas del Migrante desarrollan una labor de promoción y defensa de los derechos humanos de los migrantes.

            Se calcula que cada año unos 300 mil centroamericanos cruzan la frontera mexicana de manera indocumentada para dirigirse a los Estados Unidos. Según datos ofrecidos por organismos defensores de los derechos humanos de los migrantes, más de 1600 personas indocumentadas son secuestradas mensualmente en México y sometidas a vejaciones que quedan impunes.

Aunada a esta situación, se encuentra la condición cada vez más vulnerable de los espacios y las personas encargadas de defender los derechos humanos de las personas migrantes, que, desde la soledad provocada por el desamparo de las autoridades, enfrentan la tarea de denunciar estos hechos en el ámbito penal y público, asumiendo con ello las consecuentes amenazas y riesgos a su vida y a su integridad.

Criminalización de la ayuda humanitaria

A decir de la Pastoral de la Movilidad Humana, del Episcopado Mexicano, en México se sigue “criminalizando el trabajo humanitario, pues si bien el artículo 138 define el delito de tráfico de personas, no diferencia la labor humanitaria, pese a que el objetivo del tráfico es el lucro y el del trabajo humanitario es el acompañamiento; es gratuito y obviamente no hay delito, pero nos acusan de traficantes de personas”.

Efectivamente, las agresiones a los defensores de los derechos humanos son una constante a lo largo y ancho de México. En especial, los defensores de las personas migrantes se enfrentan con el hostigamiento constante del crimen organizado, que ven en las Casas del Migrante un obstáculo para los negocios ilícitos que sostienen.

Un caso específico que ejemplifica muy bien esta situación es el del padre Alejandro Solalinde de la Casa del Migrante de Ixtepec, Oaxaca, cuyo riesgo ha sido tan grande que ha estado a punto de ser linchado. Por lo tanto, se le han decretado medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Las corporaciones policiacas, al estar coludidas con el crimen organizado, también son fuente constante de amenazas y agresiones, como la incursión que recientemente tuvieron los policías federales a la Casa del Migrante de Lechería, Estado de México, que entraron sin autorización y amedrentando al personal y a las personas migrantes que ahí se encontraban.

En Saltillo se han sufrido agresiones constantes a partir de que a una persona migrante se le acusó falsamente de haber asesinado a una mujer. Por este hecho, las personas migrantes han sido víctimas de pedradas, insultos, golpes y comentarios xenofóbicos y racistas en medios de comunicación. La denuncia constante que contra el delito del secuestro realizan estas instituciones de defensa, aunada a esta situación, propició que también la CIDH conociera del caso y otorgara medidas cautelares.

En marzo de este año representantes de las Casas de Migrantes e instituciones de defensa de derechos humanos, acudieron a la CIDH a presentar en audiencia pública el tema de secuestros. En ese momento, Felipe González, presidente de la CIDH y Relator para Migrantes, demandó al Estado Mexicano una respuesta ante este tema; sin embargo, los representantes de la Secretaría de Gobernación y del INM no fueron capaces de brindarla.

Por la gravedad de la situación, el presidente de la CIDH le solicitó al Estado mexicano una invitación para acudir a una visita in loco –en el lugar, misma que hasta la fecha no se ha concretado, por lo que los defensores de derechos humanos la siguen exigiendo y solicitando. Colocar el tema en los medios y en el espectro internacional es la estrategia que puede funcionar para presionar a las autoridades gubernamentales a atender a este problema.

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Un pensamiento en “¿Quién defiende a los defensores de derechos humanos de los migrantes?

  1. com estan espero que bien aca estoy en oxaca y espero que ustedes esten bien saludes al padre a la lic a beto y todos los del albergue bueno estoy trabajando y ya rente un cuarto cuidense DIOS LES BENDIGA
    ATTE. ENRIQUE ORTIZ

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