El actual panorama laboral reta a la Iglesia

Entrevista con el padre Jesús García, asesor de la Comisión Episcopal de Pastoral Social

Primera de dos partes

El sacerdote jesuita Jesús García es un experto en pastoral laboral: acompañante de Círculos Obreros, ex miembro del Secretariado Social Mexicano, consejero de la Comisión Episcopal para la Pastoral Social y asesor de la Dimensión Pastoral del Trabajo. Con sentido crítico comparte, en entrevista con El Observador, sus reflexiones sobre la situación que hoy en día atraviesan los trabajadores mexicanos y la acción de la Iglesia en este campo específico.

¿Cuál es la situación de los trabajadores en México?

En el país se calcula, sobre una población de 110 millones de habitantes que 48 millones están en edad laboral, son la “población económicamente activa” (PEA). De ellos sólo la mitad, unos 24 millones, tienen un trabajo más o menos formal, con cierta estabilidad y salario, pero no siempre gozando los derechos a la seguridad y previsión social.

Incorporados a los dos principales sistemas de seguridad social, el IMSS, el ISSSTE y las respectivas instituciones estatales de seguridad social llegan a no más de 16 millones de derechohabientes: el IMSS con 12 millones, el ISSSTE con 2 millones y un millón las instituciones estatales.

La seguridad de instituciones autónomas y privadas, como NAFINSA, bancos y otros, atienden a otro millón de derechohabientes. En suma, un total no mayor a 17 millones de fuerza laboral con acceso a servicios de salud, desempleo, invalidez y otros, lo que representa un 35% del PEA.

El 50% del PEA se halla en la inmensa masa de desempleados o subempleados en la llamada economía informal.

Sin embargo el Gobierno nos presenta índices de desempleo muy distintos…

Los índices oficiales de desempleo en México se basan en criterios ridículos y encubridores de la realidad. El criterio con que el INEGI mide el desempleo semanalmente a través de encuestas es declarar ¡haber trabajado al menos una hora a la semana! Con esta medida México aparece como un islote privilegiado en el panorama mundial del desempleo con un índice de 5.5% frente al 8% de Estados Unidos, 12% de la Unión Europea y 20% de España; en estos países el desempleo se mide por reportes de las instituciones de seguridad social que recurren al seguro de desempleo.

Añadamos que cada año se suman al PEA 1 millón 200 mil jóvenes de 18 años, la mayoría de los cuales no encontrará en años trabajo formal y se sumarán a la población “Ni-Ni”, que ni trabajan ni estudian, por la incapacidad también de las instituciones educativas de ofrecer oportunidad a la mayoría de los jóvenes.

Veamos ahora el asunto del sindicalismo en México

La población laboral incorporada a organizaciones sindicales apenas llega a 7 millones, 30% de la fuerza laboral y 14.5% del PEA.

Ahora bien, esa fuerza organizada laboral se halla vinculada a diversos tipos de sindicalismo predominando el sindicalismo corporativo, uncido a partidos hegemónicos como la CTM-PRI; el sindicalismo de protección, donde los sindicatos surgen de iniciativa empresarial y en colusión con gestores (seudolíderes) donde los contratos de trabajo previamente establecidos entre estos líderes-gestores son impuestos como condición de empleo; y el incipiente sindicalismo independiente y democrático; minoritario en el escenario sindical.

Un nuevo tipo de sindicalismo, ya no sólo de representación y defensa laboral de los agremiados, sino de cogestión y cogobierno se manifiesta con el sindicalismo magisterial y su brazo político, el PANAL, real cogobierno federal actual y decisiva fuerza electoral.

Se suma el problema que representan las maquiladoras que reclutan mayoritariamente fuerza laboral femenina, sin posibilidades de sindicalización, de bajos salarios y nulos derechos de seguridad y previsión social y de gran volatilidad de ubicación, que montan y desmontan y se cambian con facilidad.

Finalmente, el embate a los sindicatos minero y electricista, ahí están los casos de Pasta de Conchos, Cananea y el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), que han hecho regresar la situación laboral a la época porfirista, previa a la Revolución.

¿Es posible una “revolución jurídica y cultural” benéfica a los trabajadores?

La Reforma Laboral en puerta supone nuevas limitaciones o cancelaciones a las históricas conquistas laborales en materia de contratos colectivos de trabajo, bonificación laboral y derecho de huelga, todo esto en nombre de la necesaria flexibilización de las condiciones  laborales, pretendiendo así ser más competitiva en la economía global.

Junto con esta regresión que supone la Reforma Laboral, van las constantes modificaciones regresivas a la seguridad social. Dos ejemplos ilustran esta regresión: el paso de la seguridad solidaria a la seguridad individualizada a través de las AFORES. En la seguridad solidaria de un fondo colectivo se atienden las necesidades de salud, pensiones, etc.

En la seguridad individualizada basada en las AFORES, cada individuo según su fondo individual, muy disminuido por la crisis económica y comisiones, enfrentará sus necesidades. Sin pretender ser exhaustivo, este panorama laboral reta a la Iglesia y a otras organizaciones cívicas y sociales a situar y concretar sus compromisos ético-sociales.


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