Mientras aumentan los secuestros a personas migrantes el Senado vulnera sus derechos

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dio a conocer su más reciente  Informe Especial sobre Secuestro de Migrantes en México. En el documento se da a conocer que los secuestros de personas migrantes en territorio mexicano va en aumento. El delito, expresa la organización, “conlleva la extorsión de las víctimas, así como la violación sexual de mujeres, la tortura, el asesinato y otras violaciones graves de derechos humanos fundamentales”.

En el informe del año 2009 se documentaron casi diez mil secuestros de migrantes en seis meses; para el año 2010 la cifra se incrementó a 11,333 víctimas en seis meses (de abril-septiembre 2010), registradas en 214 eventos de secuestro masivo. Los “focos rojos” se encuentran en los estados de Veracruz, Tabasco, Tamaulipas, San Luis Potosí y Chiapas. Según la CNDH, “Esta cifra refleja que no han sido suficientes los esfuerzos gubernamentales por disminuir los índices del secuestro en perjuicio de la población migrante.”

La organización de derechos humanos también señala que la falta de regulación de las empresas de envíos de dinero, como Western Union, “propicia y agravan el problema del secuestro, pues facilitan en gran manera la transferencia monetaria de las familias de las víctimas a los miembros del crimen organizado”.

Voz de alarma

Los responsables de las Casas del Migrante pertenecientes a la Iglesia católica han hecho saber que “estas cifras escalofriantes -un botón de muestra de los casos que documentamos a diario por las rutas migratorias- constituyen un llamado urgente a todas las autoridades y a la propia CNDH, para que tomen las acciones necesarias para poner fin a esta tragedia humanitaria”.

Diversos grupos defensores de derechos humanos han hecho un llamado especial al Congreso de la Unión para que dé respuesta a la problemática mediante una Ley de Migración que responda a esta realidad, “máxime que fue precisamente el secuestro y matanza a 72 personas migrantes en Tamaulipas el año pasado el evento que detonó la actual actividad legislativa apresurada en el tema”.

Los defensores de derechos de los migrantes señalan que “resulta alarmante que lejos de velar por los derechos fundamentales de las personas migrantes, el Senado aprobó en días pasados, en lo general un dictamen de Ley de Migración que aumentará la criminalización y por ende la clandestinidad de la población migrante, sobre todo para aquellas personas que no cuenten con una documentación regular, y que buscan cruzar México rumbo a Estados Unidos”.

El dictamen aprobado por el Senado seguiría facultando a la Policía Federal a revisar el estatus migratorio de personas en cualquier lugar del país. Asimismo, bajo la nueva Ley continuarían los altamente criticados “operativos” de verificación migratoria, en los cuales, agentes del Instituto Nacional de Migración son constantemente implicados en actos de violencia y corrupción.

“Hacemos un llamado urgente a los legisladores para que modifiquen la iniciativa de Ley de Migración eliminando las disposiciones nocivas mencionadas, para que en vez de criminalizar a las personas transmigrantes, brinden la posibilidad para que ellas regularicen su estatus en el país y dejen de verse obligadas a transitar por las rutas clandestinas en las que son víctimas fáciles del crimen organizado y las autoridades coludidas con éste”, concluyen los defensores de derechos de los migrantes en México.

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