Personas desplazadas, migrantes y defensoras, en grave riesgo en Tabasco

Concluye visita de la Misión Civil de Observación con exigencias a autoridades de México y Guatemala.

Se han cumplido 60 días del desalojo de la comunidad Nueva Esperanza, municipio de La Libertad, departamento del Petén, Guatemala, quienes se encuentran en situación de desplazamiento forzado y han improvisado un campamento en México, en la comunidad de Nuevo Progreso, Tenosique, Tabasco.

Las condiciones de vida de las y los desplazados constatadas por la Misión  Civil de Observación representan una crisis humanitaria, agravada por las condiciones climáticas y las inundaciones en la zona; casi 300 personas viven a la intemperie de las cuales 115 son niños, niñas o adolescentes quienes deberían gozar de una especial protección.

No obstante que en este conflicto bilateral ambos gobiernos tienen el deber de asistir humanitariamente a la población, lo cual representa un derecho para una población desplazada, y proveerles condiciones de vida digna, hasta este momento la comunidad de Nuevo Progreso es la que les ha acogido y la asistencia que reciben proviene principalmente de pobladores vecinos y de las iglesias tanto de México como de Guatemala.

Integrantes de la Misión  se entrevistaron con el cónsul de Guatemala en Tenosique. Para la Misión  Civil de Observación constituye un motivo de gran preocupación la intención de justificar el desplazamiento atribuyéndole a las y los desplazados la comisión  de ilícitos sin que haya alguna prueba contra ellos. Más grave resulta que dicho desalojo se haya efectuado mientras se llevaban a cabo las mesas de negociación entre la comunidad posteriormente desalojada y el gobierno de Guatemala.

Aunque hay mesas de diálogo y se han realizado cuatro reuniones, la percepción de las y los desplazados, de acuerdo con sus testimonios, el gobierno guatemalteco está  aplazando el conflicto con la finalidad de desgastar a la gente y evitar el retorno a sus tierras. Las mesas de negociación no han llevado a una solución viable a la crisis. La Misión Civil de Observación no desconoce que actualmente hay un contexto electoral en Guatemala y nos preocuparía que el gobierno estuviera privilegiando intereses relacionados con estos procesos antes que una solución a la crítica situación en la que están decenas de familias.

Las condiciones de desplazados, migrantes, defensoras y defensores han constituido la preocupación y la razón de esta Misión  Civil de Observación, que hoy concluye su visita in situ. De hecho esta Misión  se constituyó alarmada por diversos incidentes de hostigamiento y amenazas contra integrantes del Centro de Derechos Humanos del Usumacinta y contra colaboradores de La 72, Hogar Refugio para personas migrantes, ambos en Tenosique.

La Misión, conformada por diez organizaciones de derechos humanos, se entrevistó con autoridades municipales, estatales, federales relacionadas con la migración y con los actos de hostigamiento contra defensores. Hoy, de manera preliminar, presentamos algunos puntos de gran preocupación. La Misión  presentará próximamente su informe.

Dentro de la Misión  de Observación se pudo constatar la situación de vulnerabilidad y riesgo que enfrentan los defensores y defensoras de derechos humanos, en particular aquellas que se encuentran trabajando a favor de las personas migrantes.

Como el propio relator de trabajadores migrantes y sus familias de la CIDH expresó en el informe preliminar publicado después de su reciente visita a México, los defensores de migrantes a sus tareas suman la de “combatir la negligencia de las autoridades al denunciar hechos en el ámbito penal y público asumiendo con ello las consecuentes amenazas y riesgos a la vida y a la integridad.”

La Misión  quiere recalcar que la mejor garantía y protección para las y los defensores la constituye el combate contra la impunidad.  Especial preocupación causa que la CNDH no haya concluido en recomendación ninguna de las quejas presentadas de 2010 a la fecha contra autoridades de migración, así como el hecho de que las autoridades estatales y municipales incumplan las medidas cautelares otorgadas por la CNDH a favor de los defensores, así como la pasividad del organismo público nacional de derechos humanos para exigir su cumplimiento.

Por su parte, el comandante de la 38 zona militar reconoció su responsabilidad en la reciente retención y hostigamiento contra Fray Tomás González, Rubén Figueroa y otras personas que los acompañaban, no obstante hasta la fecha no se ha castigado a ninguno de los responsables.

La Misión  exige a las autoridades actuar de acuerdo con la Declaración Sobre el Derecho de las Personas, los Grupos y las instituciones de Promover y Proteger los Derechos Humanos, garantizando a las y los defensores las condiciones para desarrollar su trabajo.

No obstante la nueva ley de migración y la reciente depuración del Instituto Nacional de Migración, los testimonios de las y los migrantes reflejan la extorsión por parte de la policía municipal y autoridades de migración. La tolerancia de la explotación infantil pudo constatarse en la denuncia de varios actores.

Ante las críticas condiciones a las que se enfrentan desplazados, migrantes, defensoras y defensores en Tenosique, la Misión  Civil de Observación, al concluir su visita “in situ” hace las siguientes exigencias inmediatas, de manera preliminar.

a.- Al los gobierno de Guatemala y México:

Que establezcan las medidas necesarias, desde los estándares más altos en materia de derechos humanos de las personas desplazadas, para garantizar la vida digna de la comunidad guatemalteca de Nueva Esperanza. En particular instamos al gobierno de Guatemala a establecer condiciones mínimas de retorno que garanticen a las y los desplazados poder regresar a su comunidad, así como adecuadas medidas de reparación del daño.

b. Al gobierno mexicano. Impulsar las medidas necesarias para reducir el riesgo que los migrantes viven al momento de ingresar a México. Urgimos en particular al Ejecutivo Federal y al  Congreso de la Unión para impulsar y legislar una visa temporal de trasmigrante que minimice los riesgos a los que se ven sometidas las personas migrantes en su trayecto por el país.

c. A los cuerpos de seguridad pública municipal, estatal y federal: que garanticen la integridad física y psicológica de las personas migrantes, así como la de aquellas personas que se dedican a su defensa. En particular, instamos  a los cuerpos policíacos a no obstaculizar la labor de las y los defensores y no criminalizar a las personas migrantes que transitan por la zona de Tenosique.

Con información de CENCOS

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